ENTONCES, EN EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO… ¿PIDO LA INSCRIPCIÓN EN EL ROLECE?

La entrada del blog viene a cuento de analizar la situación de la exigencia de la inscripción en el ROLECE en los procedimientos simplificados regulados en el artículo 159 LCSP tras el reciente informe 12/2019 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña.

Este informe concluye taxativamente afirmando que: “En el procedimiento abierto simplificado de tramitación sumaria, regulado en el artículo 159.6 de la LCSP, no resulta exigible la inscripción en un registro oficial de empresas licitadoras como requisito de participación”.

Tras el bochorno de las distintas interpretaciones en torno a los límites del contrato menor parece que la nueva partida entre juntas consultivas, para la estupefacción de los gestores contractuales, se va a jugar en relación a la exigencia de inscripción en el ROLECE en el procedimiento simplificado.

No se alcanza a comprender como no existe una coordinación entre las distintas juntas, cuya función debiera ser dar confianza y seguridad a la contratación pública mediante la fijación de criterios interpretativos comunes. Sin embargo se han convertido justamente en lo contrario, en fuente de polémicas e inseguridades.

Comentaba gráficamente un compañero recientemente en relación al contrato menor: “Tú haz lo que quieras, seguro que alguna junta consultiva te da la razón” Y desgraciadamente parece que vista la situación nos podremos aplicar la misma medicina en relación al ROLECE. Pasen y vean.

La exposición de motivos de la Ley de Contratos al respecto de los procedimientos simplificados afirma lo siguiente:

En el ámbito del procedimiento abierto, se crea la figura del procedimiento abierto simplificado, que resultará de aplicación hasta unos umbrales determinados, y nace con la vocación de convertirse en un procedimiento muy ágil que por su diseño debería permitir que el contrato estuviera adjudicado en el plazo de un mes desde que se convocó la licitación. Sus trámites se simplifican al máximo, por ejemplo, se presentará la documentación en un solo sobre; no se exigirá la constitución de garantía provisional; resultará obligatoria la inscripción en el Registro de Licitadores; y la fiscalización del compromiso del gasto se realizará en un solo momento, antes de la adjudicación.

Dentro de su articulado el 159 en relación al Procedimiento abierto simplificado prevé:

4. La tramitación del procedimiento se ajustará a las siguientes especialidades:
a) Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

Por lo que se refiere al procedimiento simplificado sumario del artículo 159.6 se afirma que: “En todo lo no previsto en este apartado se aplicará la regulación general del procedimiento abierto simplificado prevista en este artículo”. Debe concluirse por tanto que la inscripción en el ROLECE debe pedirse en las mismas condiciones que en el procedimiento abierto.

Hasta aquí vamos más o menos bien. La regla general es que, ampliamente superado el plazo de entrada en vigor fijado por la Disposición Transitoria Tercera LCSP, la inscripción en el ROLECE o registro autonómico equivalente se impone como obligatoria en la fecha final de presentación de ofertas en los procedimientos abiertos simplificados, tanto en el sumario como en el abreviado.

El problema viene con la matización final: siempre que no se vea limitada la concurrencia. Entramos en el peligroso mundo de los conceptos jurídicos indeterminados, terreno abonado a las interpretaciones más extravagantes y diversas.

La primera junta consultiva en analizar la cuestión fue la de Aragón en su informe 20/2018 que con carácter taxativo vino a afirmar la obligación de los licitadores de estar inscritos en el ROLECE para poder participar en los procedimientos simplificados no siendo suficiente haber solicitado la inscripción.

Poco después interviene en el debate la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado con la aun vigente recomendación no vinculante de 24 de septiembre de 2018 que atendiendo al retraso de los procedimientos de inscripción y en virtud de la propia excepción legal que impone como límite que la inscripción no suponga una restricción de la concurrencia, recomienda que de forma temporal se suspenda el requisito legal de inscripción en el ROLECE

Matiza no obstante la Junta Consultiva que “lo que no cabe sin embargo aceptar es que esta situación coyuntural se convierta en permanente. Tal circunstancia no está justificada más que durante el lapso de tiempo, que necesariamente ha de ser breve, en que subsista la afectación del principio de concurrencia. De otra forma lo que constituye una excepción a la regla legal justificada por una circunstancia excepcional se convertiría en la regla general, lo cual no es aceptable”.

Los límites parecen claros. La no exigencia de la inscripción en el ROLECE en los procedimientos simplificados es una medida temporal motivada por la tardanza en el procedimiento de inscripción.

Por ello se afirma que cuando la “Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado tenga conocimiento de que esta situación provisional que afecta al funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público ha quedado solventada oportunamente, dará traslado a las entidades del sector público con la debida publicidad a los efectos del cumplimiento del requisito de inscripción en las condiciones establecidas por la ley”.

A día de la fecha la recomendación de 24 de septiembre de 2018 sigue vigente, y aunque no resulta vinculante, ampara que por los órganos de contratación no se solicite la inscripción en el ROLECE en los procedimientos simplificados del artículo 159.

Cuestión distinta es si debe exigirse la solicitud de la inscripción con carácter previo a la finalización del plazo de presentación de ofertas. Parece una medida prudente en tanto que para resultar afectado por el retraso debe haberse cuanto menos solicitado la inscripción pero tal exigencia debe tener, a nuestro juicio, respaldo en los pliegos administrativos que rijan la licitación.

En este marco, más o menos pacífico, nos movíamos: el ROLECE es obligatorio en los procedimientos regulados en el artículo 159 LCSP pero hasta que se normalice el procedimiento de inscripción de forma temporal no se puede exigir (sin perjuicio de que en los pliegos les exijamos a los licitadores que nos acrediten que han solicitado en tiempo y forma la inscripción)

Esta tranquilidad se ha visto alterada con la aparición del precitado informe 12/2019 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña que abre una importante vía de agua.

En síntesis la Junta catalana viene a decir que la remisión que hace el artículo 159.6 afirmando que “en todo lo no previsto en este apartado se aplicará la regulación general del procedimiento abierto simplificado prevista en este artículo” no alcanza a la exigencia de la inscripción en el ROLECE.
Desde una interpretación teleológica de la norma concluye la Junta Consultiva catalana la no exigencia de inscripción en el ROLECE en los procedimientos abiertos simplificados sumarios del artículo 159.6 afirmando:

Por todo lo expuesto, al margen de que no parecería procedente que una cláusula de cierre de carácter supletorio impusiera más requisitos para participar en el procedimiento; teniendo en cuenta la literalidad del precepto que exime a las empresas licitadoras de acreditar su solvencia; en la medida en que con la exigencia de la obligación de inscripción en el registro de empresas licitadoras se puede no alcanzar el objetivo de simplificación y agilidad, vista la regulación de estos registros en la propia LCSP, pero, en cambio, sí puede comportar un requisito adicional limitativo de la concurrencia en la medida en que puede suponer una barrera de acceso a las licitaciones llevadas a cabo por este procedimiento; y finalmente, ya que esta tramitación sumaria tiene que servir para vehicular los contratos menores, pero con garantía de salvaguardia de los principios generales de la contratación; hay que entender que el requisito de inscripción en un registro oficial de empresas licitadoras no tiene que resultar de aplicación en los procedimientos simplificados con tramitación sumaria.

Más allá de la fundamentación y razonabilidad de esta conclusión puesto que la capacidad jurídica de los miembros de la junta no se pone en duda ¿es prudente que una junta consultiva autonómica plantee en solitario esta interpretación de una norma estatal básica? ¿Nos encontraremos mañana con otro informe que matice el de Aragón, la recomendación de la Junta estatal y del informe catalán? ¿Qué hacen mientras tanto los órganos de contratación?

2 Comentarios | Leído 1137 veces
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2 opiniones en “ENTONCES, EN EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO… ¿PIDO LA INSCRIPCIÓN EN EL ROLECE?”

  1. David Gómez Correa dice:

    Fantástico artículo de dos grandes de la contratación en España. Muchas gracias.

    1. No lo había visto! abrazo fuerte David. Marc

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