¿PUEDO COMPRAR DIRECTAMENTE LOS PERIÓDICOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL QUIOSCO DE LA ESQUINA?

Llevando la pregunta a unos términos más jurídicos la cuestión es si podemos utilizar el procedimiento del contrato menor previsto en el artículo 118 LCSP para la adquisición de prensa a proveedores locales.

Como punto de partida hemos de acudir a la Disposición Adicional 9ª LCSP que prevé que la suscripción a revistas y otras publicaciones, cualquiera que sea su cuantía siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada, se podrá realizar de acuerdo con las normas establecidas en esta Ley para los contratos menores.

Añade además que dichos contratos quedarán sujetos a las condiciones generales que apliquen los proveedores, incluyendo las referidas a las fórmulas de pago.

Sobre el alcance de esta disposición adicional en relación a la adquisición de prensa se ha pronunciado la Junta Consultiva de Contratación del Estado en su informe 90/2018 de 10 de diciembre.

La Junta Consultiva afirma que “del literal de la disposición se deriva claramente que la suscripción a la prensa diaria y escrita o a revistas de distinta periodicidad (semanal o mensual), está incluida en su ámbito de aplicación”.

Por tanto, no hay duda de que para la adquisición de prensa, con independencia de su cuantía, se puede acudir al procedimiento previsto del contrato menor.

También la Junta Consultiva se pronuncia sobre si la contratación ha de formalizarse con el titular de la publicación o puede realizarse con otros proveedores como con puede ser un quiosco de prensa:

Plantea a continuación el consultante, la cuestión de si el contrato puede formalizarse con otros vendedores, como los quioscos de prensa, y no necesariamente con el titular de la publicación, para lo cual reclama una interpretación del concepto de proveedor contenida en este artículo.

Sobre el concepto de proveedor que utiliza la DA 9ª de La LCSP, cabe advertir que dicha disposición lo emplea en términos genéricos, como sujeto susceptible de realizar el suministro de estos bienes en el mercado, lo cual constituye la referencia para el clausulado de los contratos al referirse el precepto que se realizarán “con sujeción a las condiciones generales que apliquen los proveedores, incluyendo las referidas a las fórmulas de pago”.

En el caso de los contratos con el sector público la interpretación del término proveedor remite más precisamente a determinar los sujetos con capacidad para contratar las prestaciones objeto del contrato que se regula en esta disposición de acuerdo con las previsiones de la LCSP.

[…]

Por lo tanto, por proveedor habrá que entender todas las empresas susceptibles de prestar el suministro de las publicaciones en régimen de suscripción y en la medida en que resulten imprescindibles, los servicios necesarios para ello de acuerdo con los requisitos de capacidad para contratar previstos con carácter general en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En este sentido, además de la acreditación de la capacidad de obrar, no estar incurso en prohibición de contratar y contar con la solvencia exigible, los empresarios deberán acreditar que las prestaciones objeto del contrato descritas estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales en el caso de las personas jurídicas, sean propios de los contratistas.

Para la simple suscripción resulta obvio que estos requisitos pueden ser cumplidos por las empresas que realizan la edición de los periódicos o revistas objeto de la suscripción. Ahora bien no parece que existan inconvenientes desde el punto de vista legal para ampliar la consideración a otros empresarios que pudieran prestar todos los servicios objeto del contrato, conforme a los requisitos de aptitud aplicables, que habrá que verificar de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Es por tanto posible la compra de prensa a quioscos mediante el procedimiento de contrato menor del artículo 118 LCSP, con independencia de su cuantía.

Resuelta afirmativamente esta posibilidad se nos pueden plantear otras dudas. En primer lugar ¿podemos tener varios proveedores de prensa? ¿podemos realizar varios contratos menores atendiendo a criterios geográficos o tomando en consideración los distintos servicios municipales donde se debe realizar el suministro?

Para resolver la pregunta la Junta Consultiva aplica su criterio general. Es necesario un análisis casuístico para determinar si existe fraccionamiento:

En definitiva, si cada prestación constituye un objeto propio y completo, de modo que no necesite de las restantes para su funcionamiento operativo, podrá sostenerse que su contratación separada no implica el fraccionamiento del contrato. La determinación de estos aspectos exige una labor individualizada de cada órgano de contratación atendiendo a los diferentes aspectos que conforman las prestaciones que constituyen el objeto del contrato, de modo que la separación operativa y funcional de aquellas puede permitir un tratamiento independiente mientras que un fraccionamiento cuyo único objeto fuese separar contratos que debieran estar unidos con el fin de burlar las reglas de publicidad o de procedimiento será ilícito. La determinación de esta circunstancia depende de diversos factores que pueden variar en cada caso. Por eso debe ser el órgano de contratación el que, en cada caso concreto y atendiendo a las particularidades propias de cada contrato, habrá de pronunciarse sobre la existencia de un fraccionamiento del contrato.

Por tanto si está debidamente justificado pueden realizarse varios contratos menores para el suministro de prensa sin riesgo de fraccionamiento contractual.

Queda una última e interesante cuestión por resolver, ¿cuál es el plazo máximo de duración del contrato?

La JCCA se pronuncia en los siguientes términos concluyendo de forma indubitada que el plazo máximo de duración de estos contratos es de un año:

Ante todo, como premisa y en respuesta a la primera pregunta, cabe afirmar, en primer lugar, que estos contratos sí están sujetos al límite temporal de un año que establece la ley para los contratos menores

No obstante, la Junta Consultiva de Contratación de Canarias en su informe 3/2019 manifiesta exactamente lo contrario:

1.-El artículo 29.8 de LCSP referido al plazo y prórroga de los contratos menores no es de aplicación a los contratos menores de la disposición adicional novena de la LCSP por lo que pueden tener una duración superior al año y ser objeto de prórroga

Sin perjuicio de que no existe mayor inconveniente en tramitar anualmente un contrato entendemos que la postura de la Junta Canaria se adecua mejor al espíritu de la D.A. 9ª de la LCSP.

Esta disposición no prevé una aplicación mimética del artículo 118 sino que matiza afirmando que se harán con sujeción a las condiciones generales que apliquen los proveedores.

Esas condiciones generales pueden conllevar que en determinados supuestos los plazos hayan de ser superiores a un año o que deban preverse prórrogas automáticas con lo que la previsión general de un año improrrogable no parece conforme al espíritu de la norma.

Sin comentarios | Leído 61 veces
Tu puedes enviar una respuesta, or trackback desde tu propio site.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *