SERIE SOLVENCIAS CANTAZO

HOY EN SOLVENCIAS CANTAZO: CANTE HONDO, SECCIÓN SOLVENCIAS CUPÉ EXTREME

Inauguramos una serie de entradas sobre solvencias exorbitadas. Solvencias cuya fundamentación sea real y expresen lo que necesita el OC, pero transcritas en los pliegos del procedimiento tan estrictamente que encajan defectuosamente con el principio de no discriminación.

A media mañana de un martes de un mes lluvioso. Departamento de compras de un Órgano de Contratación de una entidad del sector público. Existe un buen tapón en la tramitación de los expedientes de contratación y se decide externalizar parte del servicio jurídico relativo a la redacción de los pliegos y a la ayuda en la tramitación de expedientes de contratación. El tramitador de contratación pública se dispone a transcribir los conceptos de su licitación para realizar toda la fase de preparación. Hasta aquí nada nuevo bajo el sol. Detallo, justifico, redacto memoria, transcribo a los Pliegos que informarán en el procedimiento etc..

Esta entidad del sector público, bien ungida del ámbito subjetivo de la norma, se dispone a redactar las solvencias que acrediten a los licitadores como óptimos candidatos a trabajar en sus filas. Buscan fichajes cualificados, como debe ser, faltaría más, en cualquier entidad del sector público. Fichando a buenos profesionales el sector público mejora sin duda alguna. Además, los Tribunales de la materia han escrito ríos de tinta sobre la discrecionalidad a la hora de establecer aquellos criterios tanto de solvencia como de adjudicación siempre y cuando no atenten contra el consabido principio de discriminación.

Es más, la reciente 125/2021 TARC lo aglutina de manera didáctica e ilustrativa que parafraseamos:  “lo que se refiere a la configuración de los medios personales a adscribir al contrato como requisito mínimo para los licitadores-adjudicatarios de un contrato, viene señalando de forma reiterada que, siempre que no se introduzcan criterios discriminatorios, no vinculados al objeto del contrato o desproporcionados, el órgano de contratación es libre de determinarlos en orden a satisfacer sus necesidades, que deben estar presididas por el interés público. Se trata, por tanto, de una cuestión eminentemente técnica, donde priman las justificaciones de la singularidad del proyecto/área/prestación para la cual se licita el contrato, respecto de lo cual, el Tribunal sólo podrá comprobar que en el establecimiento de las condiciones o medios exigidos se ha seguido el procedimiento legalmente establecido, motivado según las circunstancias del caso concreto y r espetando los principios generales que inspiraron la contratación. Es decir, siempre que se argumente justificadamente, se avala que el órgano de contratación, en su libertad de configuración de los requisitos de participación en la licitación, considere necesario que los licitadores adjudicatarios cumplan con determinados mínimos para optar a la contratación.

Volvamos a la mañana lluviosa. El Órgano de Contratación configura las solvencias para la licitación del contrato de referencia. Y redacta en el apartado de la solvencia técnica lo que transcribimos a continuación:

 

CRITERIOS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL, SEGÚN ARTÍCULO 90 LCSP: Ser abogado colegiado ejerciente, con una experiencia mínima de tres años, funcionario del grupo A1 o miembro del Poder Judicial o Doctor en Derecho, especialidad en Derecho Administrativo.

 Cuanto menos llamativo. Vamos a indagar en la relación de este criterio con el objeto del contrato.

 

DEFINICIÓN CONCRETA DEL OBJETO DEL CONTRATO DE SERVICIOS: – Redacción de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. – Colaborar en toda la documentación que afecta a materia de contratación hasta la formalización de los contratos. – Prestar asesoramiento jurídico y apoyo en la revisión de la documentación integrante de los expedientes de contratación. – Dar respuesta, de ser requerido, en las consultas formuladas por los potenciales licitadores. – Introducción en la plataforma de contratación del Estado (perfil editor) de los datos relativos a cada licitación para que la Entidad proceda a la licitación.

 

Ups…. ¿Miembro del Poder Judicial? ¿Abogados en Ejercicio para redacción de Pliegos? Pero, lo que más llama la atención es la de FUNCIONARIO GRUPO A. Es decir, que ¿para llevar a cabo el objeto del contrato es requisito ser o funcionario, Grupo A, ¿o bien miembro del poder Judicial? ¿doctor en Derecho administrativo en general?

Nada obsta a que se soliciten estos perfiles si se motiva, relaciona y justifica que son necesarios para llevar a cabo la labor descrita en el objeto. En el presente procedimiento, y solo es un ejemplo, no parece que el ejercicio fundamental de relacionar y justificar mediante el objeto se haya llevado a la práctica. Buceando en la justificación de los perfiles no se encuentra explicación alguna.

Y es que siempre que se justifique adecuadamente la vinculación al objeto contractual es posible la exigencia de titulaciones concretas. La falta de esa justificación supondría una restricción injustificada del principio de concurrencia

Y así lo sostiene de nuevo el TARC en la 1388/2020 cuando resuelve de la siguiente manera:

como hemos indicado, el órgano de contratación goza de un amplio margen de discrecionalidad técnica para decidir sobre la mejor forma de configurar la solvencia técnica y profesional que sirva para la mejor ejecución del contrato.

Y la misma Resolución aporta un argumento del TS que data de 1997, y no ha variado un ápice en cuanto a su vigencia:

“decisiones como la que se enjuicia se mueven en un ámbito singularmente dominado por la discrecionalidad técnica, en donde el criterio de la Administración acerca de cuál sea la titulación más apta (…), deviene merecedor de respeto siempre, claro es, que no sea contrario a las previsiones del Ordenamiento Jurídico en materia de atribuciones profesionales, y que no pueda tacharse de arbitrario. Se trata así de una decisión no dominada exclusivamente por el criterio de atención a la capacitación que de modo general y abstracto puedan ofrecer las distintas titulaciones, pues, respetando esa capacitación general y abstracta, admite también la atención de matices o singularidades, siempre relacionadas con el objeto particular del estudio o servicio y para el logro de la mayor eficacia y eficiencia de éste.

El tramitador mira por la ventana. Todavía llueve. El expediente está listo, mañana se pasará a firma y se publicará tal cual.

Sin comentarios | Leído 87 veces
Tu puedes enviar una respuesta, or trackback desde tu propio site.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *